Nuevo virus, viejas pandemias

Lic. Econ. Martín Quinteiro y Lic. Econ. Hernán García

La economía argentina se encamina en los próximos meses a lo que muy probablemente será la tercera crisis económica en menos de dos años. Si bien todas estas crisis tienen causas diferentes, encuentran como factor común la debilidad de las instituciones económicas que deberían dotar a la sociedad de un sistema inmunológico capaz de reaccionar para minimizar los daños. Enfrentamos durante el primer trimestre de 2018 la repentina reversión del flujo de capitales a países emergentes, que nos encontró con un abultado desequilibrio fiscal y externo, derivando en un ajuste recesivo e inflacionario que sembró el germen del segundo shock: el final de un proyecto político que trabajó, con muchos errores de diseño e implementación, en desarrollar anticuerpos contra crisis. La terapia que dejó trunca el gobierno anterior partía de un diagnóstico simple: la necesidad de reducir el tamaño del gasto público (y la presión tributaria) para incrementar la productividad, y recuperar el rol de la moneda (el Peso) como reserva de valor. Es llamativo como los argentinos, en general, estamos de acuerdo con este diagnóstico, aunque no estamos dispuestos a tolerar el tratamiento.


La agenda de política económica local de corto plazo ha mutado ineludiblemente de una que pretendía estabilizar las expectativas para luego ocuparse de recomponer el crecimiento, a otra que debe focalizarse en el manejo de la crisis, y eventualmente luego, recuperar la agenda de estabilización, y finalmente sentar las bases para recuperar capacidad de crecimiento. A diferencia de la matemática, en economía, el orden de los factores puede alterar el producto. Es claro que la agenda de corto plazo requerirá una expansión del gasto público para sostener ingresos en sectores vulnerables, y mayor emisión monetaria para evitar que una crisis de liquidez en el sector privado se transforme en una de solvencia. Es esperable entonces que una vez superado el shock, Argentina quede con un déficit fiscal mucho mayor y una elevada tasa de inflación (naturalmente deberíamos tener un fuerte incremento de la deuda pública, pero Argentina no tiene esta opción disponible). El mayor riesgo es que un shock transitorio se transforme en un nuevo desequilibrio permanente, que retroalimente la necesidad política y económica de estar siempre ocupado de lo urgente. Para evitar esto será fundamental retomar rápidamente una agenda que priorice una disminución progresiva del gasto público en relación al PBI, y se enfoque en una reducción sostenida de la inflación, como objetivos centrales de la política económica. Un desafío político que solo puede ser enfrentado por un líder con altísimos niveles de apoyo, como los que actualmente tiene el presidente Fernández. Pocas veces en la historia Argentina un presidente cuenta con tanto margen de maniobra política para evitar tropezar nuevamente con la misma piedra.


La sustentabilidad económica y política de la Argentina pasado el COVID-19 dependerá crucialmente de la capacidad del Gobierno de imponer estos temas en la agenda pública, siendo el problema de gasto público el más desafiante. El primer desafío es el tamaño: durante los 90’ el promedio del gasto público dentro de LATAM se ubicaba en torno al 20% del PBI y la Argentina exhibía números cercanos a este promedio. Durante la primera década del siglo XXI, el boom de las commodities permitió expandir los estados de los países commodities-exportadores (como los de nuestra región). Así, en los primeros años la década que estamos terminando, el gasto público de la región se ubicó en promedio más cerca del 30% del producto. Sin embargo, en ese período nuestro país prácticamente duplicó el tamaño del gasto, desacoplándose de la tendencia de la región, pasando de 24 puntos del producto de gasto consolidado (administración central, provincias y municipios) entre 1993 y 2002, a 42 puntos en 2015. Desde entonces, hubo una reducción hasta ubicarse en 2019 cerca de los 37 puntos, todavía bien por encima del promedio de la región. En 2020 muy probablemente volveremos a superar los 40 puntos de gasto público en relación al PBI.


Dicho nivel de gasto atenta con el crecimiento estable de nuestra economía, porque implica básicamente que para evitar crisis de origen fiscal, deberá mantenerse la presión tributaria en niveles incompatibles con la inversión privada, única fuente genuina de crecimiento. Durante los años en los que el gasto público se duplicó, el nivel de inversión pasó desde 20 puntos del producto a un promedio de 16,5 con tendencia negativa desde 2012. Por su parte en dicho período (2011-2019) el PBI se contrajo 2,6% y el PBI per cápita pasó de cerca de USD 13.000 a USD 10.000. Es decir, la evidencia empírica en Argentina es contundente: una vez superado cierto umbral de gasto público (digamos 30% del PBI), la economía deja de crecer y comienza a enfrentar crisis recurrentes.



Otro aspecto que forma parte del “arreglo institucional” de la política fiscal argentina, es la elevada correlación que se evidencia entre el gasto público y el ciclo económico y electoral. En el libro “Mejor gasto para mejores vidas” de Izquierdo, Pessino y Vuletín (BID), los autores estudiaron la correlación entre el gasto público primario (antes de intereses) y el PBI entre 1980 y 2016 para una muestra muy amplia de países. Una primera conclusión es la marcada distinción entre países que tienen un comportamiento contra-cíclico (“ahorrar en tiempos de vacas gordas”), y aquellos con estructuras pro cíclicas. Entre los primeros se encuentran muchos de los países industrializados, más algunos países en desarrollo que también forman parte de este grupo (ej. Chile). Argentina no solamente muestra un comportamiento bien pro cíclico, si no que su coeficiente de correlación solamente es superado por Ruanda.

El ciclo electoral también explica el crecimiento desmedido del gasto. El promedio del crecimiento del gasto a PBI de los años pares (no electorales) es de 0,9 puntos del producto entre 2004 y 2015 (período de mayor expansión). Ese mismo período, durante los años impares electorales sube a 2,3 puntos en promedio.



Una luz al final del túnel


Entonces ¿qué hay que hacer? La respuesta no es fácil. Está claro que este año dejará un punto de partida ubicado un par casilleros por detrás de lo que terminamos 2019. También es cierto que cualquier intención de estabilizar la macro requerirá solucionar el problema de la deuda lo cual a su vez demandará un programa consistente, que incluya, entre otras cosas, un sendero de convergencia fiscal. El camino hacia un equilibrio fiscal sostenible no puede depender, como quedó demostrado en estos últimos 10 años, de los ingresos fiscales. Tampoco están disponibles la licuación del gasto o la devaluación como atajos al equilibrio. Son necesario cambios de fondo que deriven en reducciones genuinas del gasto público. Una mirada conceptual de la composición del gasto en Argentina sugiere que la solución deberá contemplar ineludiblemente una reforma que incluya: subsidios económicos, seguridad social, subsidios sociales, y empleo público (principalmente en provincias). Naturalmente, los desafíos de nuestro país no se terminan en el plano fiscal, pero el tamaño y la calidad del gasto son un buen primer paso hacia una reducción de la presión tributaria y la consecuente mejora de la competitividad que permitan en conjunto con otras medidas (mejor infraestructura, educación, reforma laboral, etc.), niveles de inversión y exportaciones compatibles con un sendero de crecimiento sostenible y el desarrollo de nuestro país.

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